El bien común en la política económica del siglo XXI

Jean Tirole se ha pasado su vida académica estudiando el poder del mercado y la regulación. Sus trabajos le hicieron merecedor del premio Nobel de Economía en 2014. Y de ellos aprendió cómo puede contribuir la economía a alcanzar el bien común. Lo explica a continuación.

Los políticos y el bien común

Según Tirole, la ejecución de la política económica tiene un problema. Se trata de que los políticos tienen que complacer al electorado y a los grupos de presión si quieren salir reelegidos. Los ciudadanos, por ello, deben estar bien informados acerca de las consecuencias indirectas de las políticas que reclaman. Y es que su efecto puede ser muy distinto al esperado. Por ejemplo, la gente no quiere pensar que un endeudamiento público creciente pone en peligro el sistema de bienestar social. Por tanto, se resiste a las políticas de austeridad.

Una de esas consecuencias indirectas se aprecia en el sistema universitario francés, en el que se ha apostado por derechos de matrícula muy reducidos. Lo que hacen esos derechos es subvencionar a los ricos. Además, existen mecanismos de información privilegiada que permiten que quienes conocen el funcionamiento del sistema saquen el máximo partido de él. Por ejemplo, cuáles son las mejores universidades y los requisitos para poder acceder a ellas. Esto es incompatible con la búsqueda del bien común.

Desconfianza y populismo

Otro de los problemas es la disminución cada vez más acentuada de la confianza en los mercados, con las consiguientes demandas de protección. La gente se preocupa por las consecuencias de la crisis financiera, por el empleo, por el cambio tecnológico, por el cambio climático. Esto le lleva a buscar un marco más estable. ¿Y quién lo ofrece? Pues los populistas, que realizan promesas sin ningún tipo de restricción en relación con los gastos, usando el dinero público.

En cuanto a la distribución de la renta, esta resulta menor cuantas mayores sean las diferencias o las divisiones entre los individuos. Cuando se da esa circunstancia, los ciudadanos están menos dispuestos a gastar en aquellos a los que consideran diferentes. Esto explica que en Estados Unidos haya mucha redistribución de renta entre los distintos estados, porque hay un sentido de pertenencia a la misma comunidad. En Europa, en cambio, no sucede lo mismo entre los países de la UE.

El bien común y la independencia de los reguladores

Tirole es muy crítico con aquellos que pretenden que las autoridades regulatorias no sean independientes. Puso el ejemplo de Francia, donde mucha gente quiere recuperar la soberanía monetaria. Con ello, pretenden que el déficit público se financie mediante la impresión de dinero. Esas personas no piensan en los pobres, que son los primeros perjudicados por la inflación que generaría semejante política. Los políticos, por ello, no deben controlar las autoridades regulatorias porque los únicos beneficiados de ello serían los grupos de presión.

En este contexto, Tirole es partidario de una supervisión financiera europea. Este sistema tiene la ventaja de que la experiencia a nivel europeo en materia de supervisión es mayor que a nivel nacional. Con ello, además, se les retira a los políticos la capacidad regulatoria sobre el sistema financiero. Por la misma razón, es preciso crear una autoridad presupuestaria europea independiente para controlar las políticas fiscales. Y cree que la UE debe avanzar hacia un estado federal, porque conlleva mejores mecanismos de estabilización e impone reglas comunes.

El Acuerdo de París, en cuestión

También se muestra crítico con el Acuerdo de París para combatir el cambio climático. Al volver a su país, ningún político de los que lo aprobaron dijo “voy a hacer algo por el cambio climático, voy a gastar para combatirlo”. Y no lo dijo porque lo que hay es una promesa colectiva sin que nadie diga quién va a poner el dinero. Eso no es bien común. Una posibilidad para combatir el cambio climático sería un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono. Otra es poner techo a las emisiones y crear un mercado de derechos de emisión en el que los que emitan menos de lo previsto puedan vender los derechos sobrantes.

En este mismo ámbito, consideró que en Europa hay que hacer más para reducir las emisiones de dióxido de carbono. El problema es que se corre el riesgo de que las empresas se deslocalicen y se vayan donde les cobren menos por dichas emisiones.
Por lo que se refiere al mercado de trabajo, Tirole considera que lo que hay que proteger son los trabajadores, no los empleos. En este sentido, denuncia la dualidad del mercado laboral, entre trabajadores fijos y temporales. Esa temporalidad impide la cualificación de los trabajadores sujetos a este régimen.

Tirole también cree que se debe hacer tributar a las empresas que despiden. Estas indemnizar al trabajador, pero no cotizan a la Seguridad Social. Los ciudadanos, entonces, se ven obligados a mantenerla. Por ello, considera que hay que hacer que las empresas sean responsables y que internalicen todos los aspectos relacionados con los despidos. Ahora bien, eso no debe ser óbice para que la normativa laboral se adapte a un mundo que cambia a gran velocidad y al que resulta cada vez más difícil adaptarse.

La nueva economía de plataformas

En ese mundo han aparecido las plataformas de internet, que suponen grandes desafíos. La tecnología iguala el terreno de juego y no reduce el empleo, sino que ayuda a la gente a encontrar un trabajo. Por otra parte, las plataformas ofrecen servicios gratis por un lado del mercado. Del otro obtienen sus ingresos. Esto es complicado para las autoridades de la competencia porque, por un lado, los precios son libres y, por otro, son, o pueden ser, de monopolio. Por ello, hay que redefinir esta política y considerar los dos lados del mercado conjuntamente.

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